La semana pasada el juez ordenó, entre otras actuaciones, registrar la sede de CDC y una docena de detenciones, entre ellas la del actual gerente del partido, Andreu Viloca , y el director general de Infraestructures, empresa de la Generalitat –antigua GISA–, Josep Antoni Rosell . Como en el anterior registro en CDC, los medios fueron alertados para asegurar que no se perdieran ni un detalle.
Además, sobre la futura operación había informado La Razón el 15 de septiembre y fue anunciada otra vez justo antes de que se produjera por Pedro J. Ramírez vía Twitter. El juez debería llamarlo a declarar, junto con el director de La Razón, para identificar a quienes se dedican a filtrar operaciones policiales. No se acaba de entender, por otra parte, por qué registrar dos veces en muy poco tiempo la sede de CDC –se había hecho el 28 de agosto–, ni por qué, tras dos años de instrucción, a Viloca se le manda a prisión para evitar que pueda destruir pruebas.
La justicia y la policía deben investigar todos aquellos supuestos casos de financiación irregular de los partidos, se llamen Convergència o se llamen como se llamen. Y los partidos, por su parte, tendrían que ser capaces de poner en pie una ley que impida, o evite al máximo, unas prácticas corruptas hoy muy extendidas en nuestro mapa político.
Siendo esto anterior indiscutible, también es cierto –dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo– que el Gobierno del PP no ha dejado de instrumentalizar sin rubor ni decoro alguno los aparatos del Estado contra Artur Mas y el soberanismo. Por lo tanto, a estas alturas resulta muy complicado creer en la independencia y neutralidad de la justicia y las fuerzas policiales, o en las casualidades.
El afán por tumbar al president Mas la apuntaba el propio Ramírez en un segundo mensaje a modo de remate irónico: «Ya os dije hace 2 horas que hoy se iba a hablar mucho de Cataluña. La CUP sigue cargándose de argumentos para apoyar la investidura de Mas ».
El País , antigua biblia de la izquierda ilustrada tampoco maquillaba su obsesión. En un editorial titulado « Mas , tocado» se lee: «Y la pregunta recae de lleno sobre la CUP […]. El partido anticapitalista, que presidió la comisión de investigación del caso Pujol y destapó el caso Innova de Reus, tiene que decidir, a la luz de estos nuevos datos, si es coherente con su proclamada trayectoria».
Veremos qué resultados arroja la investigación. Mucho antes sabremos, sin embargo, si los actuales apuros de CDC van a hacer que la CUP recrudezca su rechazo a facilitar la investidura de Mas. Y en qué medida influyen también en ERC, entre cuyos cuadros se impone hoy la idea de no concurrir a las elecciones del 20 de diciembre de la mano de CDC, lo contrario que se hizo, mediante Junts pel Sí, en las del 27-S.