Miquel Iceta apostó la semana pasada por un referéndum sobre la independencia de Catalunya en caso de que fracase o los catalanes rechacen la reforma de la Constitución que los socialistas se proponen. Este planteamiento deberá ser aprobado en el próximo congreso del PSC, en noviembre.
Iceta añadió que el referéndum sobre la independencia podría regularse mediante una ley similar a la famosa ley de claridad de Canadá. Ahí se halla parte de la trampa del siempre imaginativo Iceta. Porque la ley de claridad no se ha utilizado jamás para llevar a cabo un referéndum de independencia. Más bien su intención va en sentido contrario.
Dicha ley fue impulsada tras el segundo referéndum en Quebec, en 1995, que los independentistas perdieron por los pelos (49,42% a 50,58%). La ley de claridad, aprobada en el año 2000 tras muchas discusiones, fue la reacción unionista contra futuras consultas. Su gran promotor fue el ministro Stéphane Dion, a quien es posible que ustedes recuerden, pues el españolismo se encargó en su día de pasearlo por Barcelona para ayudar en la propaganda contra el soberanismo.
Pero, ¿qué dice la ley de claridad? Entre otras cosas, que la Cámara de los Comunes de Canadá debe autorizar la pregunta y determinar también, en caso de mayoría independentista, si esa mayoría es suficientemente amplia, lo cual implica que no bastaría el 50% más un voto.
Por ello, y por otros motivos, la citada ley es un despropósito que ningún soberanista puede suscribir. Sería como aceptar que el Congreso de los Diputados redactara la pregunta de un futuro referéndum en Catalunya y decidiera -encima tras el escrutinio- si el eventual triunfo independentista resulta suficiente o insuficiente.
Como es lógico, Quebec aprobó meses después su propia ley sobre el asunto, ley que rechaza cualquier restricción sobre la voluntad del pueblo quebequés a decidir sobre su futuro.
Es la tercera vez que el PSC cambia de posición sobre la consulta. En el 2012 los socialistas catalanes incluyeron en su programa un referéndum legal y acordado. Además, desafiaron al PSOE votando en el Congreso a favor del derecho a decidir. Luego, en el 2015, y tras el relevo de Pere Navarro por Iceta, la consulta fue suprimida del programa.
Parece evidente que el PSC pretende desmarcarse de PP y Ciudadanos y facilitar el acercamiento al mundo colauista y podemita. Por su parte, y pese a la tramposa referencia a la ley de claridad y a que se oculta cuánto hay que esperar -¿una eternidad?, ¿dos?- para certificar la imposibilidad de una reforma constitucional aceptable para Catalunya, el soberanismo debería procurar fijarse en la parte medio llena y valorar positivamente que el PSC -el PSOE la sigue rechazando de plano- vuelva a contemplar la idea del referéndum.