Pedro Sánchez, Unidas Podemos y el independentismo reprocharon que, ante el ‘procés’ independentista, Mariano Rajoy, abundando en su habitual desidia, trasladara el problema a los jueces y a las fuerzas policiales. Tal subcontratación incluyó dotar al Tribunal Constitucional de poderes para perseguir a los independentistas. Rajoy optó por esa vía y renunció a la política. Ni siquiera en las dramáticas horas anteriores a la declaración del 27 de octubre de 2017 quiso abrir una senda de diálogo. Eso desencadenó la declaración del ‘president’ Puigdemont y a continuación la aplicación del artículo 155.
Una vez en el poder, el independentismo, y ERC especialmente, se puso manos a la obra para intentar deshacer aquello que la actitud del PP había propiciado. El primer paso fue el indulto parcial del gobierno de socialistas y podemitas a los líderes condenados por el ‘procés’, lo que provocó las iras de la derecha política y mediática, pero no de los ciudadanos españoles.
Debo confesar, en este punto, que nunca creí que Sánchez se atreviera a seguir avanzando hacia lo que se ha venido a llamar la “desjudicialización” del conflicto entre Catalunya y España. En consecuencia, el hecho de que en estos momentos se trabaje en la derogación del delito de sedición y se estudie –aunque entraña muchos más peligros– la modificación del delito de malversación a favor de los independentistas –condenados o que todavía han de ser juzgados–, me causa una gran perplejidad.
Nunca calculé, ni tan solo imaginé, que Pedro Sánchez pudiera atreverse a tanto. A llegar tan lejos. A asumir, o a estar predispuesto a asumir, un riesgo tan alto. Que se atreviera a intentar lo que algunos llaman una “amnistía por la puerta de atrás” y otros, la derecha nacionalista española, un “autogolpe de Estado”.
Si puede resultar tan peligroso, ¿por qué Sánchez se plantea hacerlo? Y aquí no hallo una respuesta única y completamente satisfactoria. Una explicación es que Sánchez necesita hoy a ERC y tiene clarísimo que la va a seguir necesitando en el futuro. Pero lo cierto es que el Gobierno de Madrid ya ha aprobado sus presupuestos, cosa que el gabinete de Aragonès no ha logrado aún. Otra posible interpretación es que el presidente español busca acabar de “desinflamar” el independentismo, convencido de que puede lograr reducirlo a algo meramente retórico y testimonial. No hay que excluir que la respuesta sea una combinación de una cosa y la otra.
Si bien todo indica que los ciudadanos españoles han dejado de considerar al independentismo catalán entre sus principales problemas, la reclamación de ERC de cambiar el delito de malversación entraña el grave riesgo de beneficiar, amén de a los independentistas, a corruptos de verdad. Y si hay algo que inquieta y enoja tanto a españoles como a catalanes es la corrupción. Si con la modificación de la malversación ocurriera como con la ley del ‘solo sí es sí’, los daños y quebrantos para Sánchez y el PSOE serían incalculables. La sociedad no se lo perdonaría.