El president lo expresó con notable claridad: el motivo que le ha empujado a anticipar las elecciones es conseguir que los catalanes puedan pronunciarse sobre si quieren que Catalunya se convierta en Estado, como reclamaban los manifestantes del Onze de Setembre. Artur Mas pretende que de las urnas salga el mandato democrático que legitime el referendo. El resultado de una consulta de esa naturaleza -aunque situada al margen de la legalidad- tendría una fuerza imposible de ignorar.
Por lo tanto, el próximo 25 de noviembre los ciudadanos decidirán, entre otras cosas, si quieren ser interpelados. El polo de los partidarios de realizar la consulta lo integran CiU, ERC, ICV-EUiA y Solidaritat. Rechazan que se pregunte a los catalanes el PP y Ciutadans. Habrá que ver qué hace finalmente el PSC, que en los últimos días ha estado lanzando mensajes aparentemente contradictorios. Parecería lógico que no se opusiera a la consulta y que, en cambio, la aprovechara para defender su opción de corte federal para España y Catalunya, aun al precio de someter las relaciones con el PSOE a una fortísima tensión.
Como decíamos, Mas emplaza a los catalanes a decidir en dos movimientos. En primer lugar, el 25 de noviembre, a través de las elecciones catalanas, sobre si hay que consultarlos. Luego, en el momento de ser convocados, los ciudadanos deberán pronunciarse sobre cómo quieren que sea la Catalunya del futuro.
Desde mi punto de vista, lo fundamental es que Catalunya haga bien las cosas. Por muchos motivos, entre ellos, porque, dado lo delicado de la etapa en la que nos adentramos, cualquier error es susceptible de resultar desastroso para los intereses colectivos del país. Pero tan importante como las decisiones que se tomen es el debate público que debe precederlas. En este caso, aún más, pues no solo se trata de que los ciudadanos dispongan de datos y argumentos útiles, sino también de que podría estar en juego la convivencia en Catalunya. De momento, por suerte, la discusión discurre, pese a las excepciones, de forma serena, pero no está asegurado que vaya a ser siempre así.
Debe ser prioritario para los catalanes, en especial para los políticos, medios de comunicación y representantes destacados de la sociedad civil, trabajar enérgicamente -sean cuales sean las posiciones que defiendan- para que impere la sensatez y el debate sea respetuoso, maduro y de la mayor calidad posible. Como avisó el president, habrá sin duda -lo ilustra la historia y lo mandan los bajos instintos- intentos de enfrentar a los ciudadanos entre sí, dividir, partir en dos a la sociedad catalana. No debemos permitir que eso ocurra. Desde luego, lo que puedan hacer algunos desde fuera de Catalunya no hay manera de evitarlo, pero los catalanes podemos y estamos obligados a conjurarnos -repito: se piense lo que se piense, se tenga la opinión que se tenga- para preservar el tipo de convivencia que tan ardua y meritoriamente hemos construido entre todos.