Son diversas las voces catalanas que, ante el impulso soberanista, abogan por cambiar la Constitución. Lo han hecho entidades como Foment y el Cercle d’Economia. Lo siento mucho, pero esas voces cabe interpretarlas, en el mejor de los casos, como un mero y poco imaginativo intento de salirse por la tangente (de ‘fugir d’estudi’) y, en el peor, como una maniobra engañosa. Ambas cosas resultan inaceptables.

Porque todas esas voces ocultan algo que saben perfectamente. Y que sabe cualquier ciudadano un poco informado. Esto es: no existe voluntad social ni política en España de dar satisfacción, ni que sea mínimamente, a las aspiraciones de Catalunya. Contrariamente, campan a sus anchas los que quisieran un movimiento radical en sentido centralizador y españolizador. Además, la regresión autonómica anima la actual política del PP, tanto en el terreno económico como competencial. Rajoy y su gobierno no cejan en su afán por someter económicamente a Catalunya y por laminar e invadir competencias. El proyecto educativo de Wert constituye una muestra -tan salvaje como grotesca- de ello. La reforma de la Constitución necesita el consenso del PP, del PSOE y de sus respectivos electorados. Hoy es, por tanto, imposible un cambio de la Constitución aceptable ni para la Catalunya independentista ni para la nacionalista o catalanista.

Comentario aparte merece el PSC. Ni el PSOE ni, obviamente, el PP van a apoyar sus propuestas de cambio constitucional. Por supuesto, no el derecho a decidir. Sin embargo, el PSC se aferra a sus propuestas con un voluntarismo atribuible a la angustia derivada de las divisiones internas, tanto entre sus dirigentes como entre sus militantes y votantes.

Como ha señalado educadamente Herrero de Miñón, el momento no es el propicio para cambiar la Carta Magna española (en el sentido que Catalunya desearía). Quien fue padre de la Constitución ha recordado asimismo que la sentencia del TC reescribió el Estatut aprobado por los catalanes (y por las Cortes y el Parlament). Pero no es solo que la reforma en un sentido positivo sea imposible. Si eso ocurriera, lo más probable, atendiendo a la situación en España, es que la nueva Constitución fuese mucho peor para Catalunya que la actual. Reclamar que se ponga ahora en marcha el proceso para el cambio no resulta exclusivamente un interesado brindis al sol, sino también una temeridad.

Son muchos en Catalunya, y algunos realmente poderosos, los que, lo digan o no, se sentirían satisfechos y inmensamente aliviados si Mas rectificara, rebobinara. Y, por ejemplo, se limitara a pedir el cambio constitucional. Su posición es, desde luego, legítima. Pero no va a hacerlo. Y, aunque -supongamos- él abandonara la escena política, no hay en CiU nadie con la fuerza suficiente para un volantazo como ese.