Haber seguido, leyendo y escuchando los medios de comunicación, el debate sobre la violencia desatada en Barcelona por grupos de bárbaros muy bien organizados con la excusa del desalojo de Can Vies solo puede producir preocupación.
No voy aquí a adentrarme en los pormenores del operativo policial –algunos acusaron a los Mossos de ser pocos, otros de ser demasiados– ni del inicio de la demolición de un edificio que se halla en mal estado.
El asunto, a mi entender, nos interpela más allá de los detalles. Detalles que, por otro lado, no son insignificantes: 17 años de ocupación ilegal, muchas quejas de los vecinos, sentencia firme tras un proceso iniciado por el gobierno municipal de izquierdas, 15 meses de negociaciones entre ocupantes y autoridades, inmueble propiedad de TMB, etc. Por si fuera poco, el espacio está destinado a zona verde, es decir, al beneficio compartido de los ciudadanos.
Bien, pues, a pesar de todo, son muchos, aventuraría que la porción mayoritaria, los periodistas, opinadores, profesores, abogados, representantes de la sociedad civil, etcétera, que aparecen en los medios para situarse, en el mejor de los casos, en una posición equidistante entre los ocupantes y el interés público. Incluso algunos, emulando a las CUP, tratan de presentarnos la violencia salvaje como la natural respuesta a una supuesta provocación de la policía catalana, a la cual se la juzga constantemente desde el prejuicio negativo.
Si la comprensión y el apoyo públicos –también por parte de un buen número de ciudadanos– que han recibido los desalojados de Can Vies representaran el punto de vista del conjunto de la sociedad catalana, estaríamos hablando de una sociedad confusa, voluble, infantilizada, incapaz de defender valores fundamentales, poco seria y que no alcanza a comprender que –con los defectos y errores que se quiera– la ley, la justicia y la policía democráticas –sí, también la policía– hacen de la nuestra una sociedad mejor y más vivible. Una sociedad que, por otra parte, debería ser capaz de reclamar sin complejos lo que es suyo, esto es, el uso público de un espacio que es de todos, no privativo de unos cuantos, por loables que en algunos casos puedan ser sus intenciones.
Al parecer nos cuesta horrores darnos cuenta de que la autoridad democrática es fundamental si queremos ser una sociedad más civilizada. No sé cómo acabará el asunto –el alcalde, presionado por los altercados en las calles aceptó paralizar el derribo y ofreció volver a negociar con las personas y grupos que se habían apoderado de Can Vies–, pero, ya digo, el espectáculo que estamos dando es preocupante. Aún más, si cabe, cuando sabemos que en estos momentos son muchos los que, desde fuera, están pendientes de lo que hacemos en Catalunya.