Se han producido en los últimos días dos rectificaciones, por decirlo así, relevantes en la política catalana. Importantes en sí mismas, pero sobre todo porque apuntan a dos asuntos políticos trascendentes. Ambas rectificaciones están conectadas, además, por tener como protagonista a Josep Antoni Duran Lleida. Uno de los asuntos es el llamado caso Pallerols , que se ha cerrado tras largos años con un pacto entre las partes. Hace tiempo, Duran prometió que dimitiría si había habido financiación irregular. Sin embargo, el líder democristiano no lo hará, pues, alega Unió, los actuales responsables del partido no tenían conocimiento del hecho delictivo.

La financiación de los partidos es clave por varias razones, pero muy especialmente porque, cuando existen irregularidades, se socaba la confianza de la ciudadanía en los políticos y, por tanto, la democracia se debilita. No obstante, entiendo los motivos que pueda tener Duran para preferir aguantar e intentar superar el trance. Además, él sabe, lo saben todos, que su dimisión no resolvería el problema. Un problema que resulta endiabladamente difícil de encarrilar de forma positiva. Algún día, y ya hace mucho que es tarde, los partidos políticos en su conjunto deberían ponerse de acuerdo para hacer algo mejor y más serio en relación a sus dineros y a su reputación que escurrir el bulto o, si por suerte ocurre que el lío lo tiene otro, aprovechar la ocasión para asestar una dentellada populista.

Sí estaba al tanto Duran de la negociación entre CiU y ERC de una declaración soberanista para ser votada en el Parlament. Pese a ello, ante las críticas al trascender un borrador, el democristiano apostó públicamente por la rectificación. ¿Cuál era el problema? Que es una equivocación vincular derecho a decidir e independencia como si el primero fuera un mero instrumento del segundo. En primer lugar, porque lo riguroso es separar ambas cosas. La autodeterminación puede y, de hecho, es defendida por muchas personas no independentistas. Personas que apuestan por la radicalidad democrática y consideran que Catalunya es una nación. Segundo, asociar lo uno y lo otro tan estrechamente como se hacía podía dejar fuera del consenso a los que desean que se pregunte a los catalanes –107 diputados de los 135 que reúne la Cámara catalana– pero, en cambio, no están por una Catalunya como Estado independiente. Finalmente, propiciar que el foco de la opinión pública se desplace de la autodeterminación a la independencia constituye una mala estrategia si uno aspira de verdad a ganar la tan decisiva batalla de las ideas.

Se suele decir que rectificar es de sabios. Creo que es absolutamente cierto. Pero, no lo olvidemos: rectificar siempre tiene un precio.